El próximo domingo los chilenos concurrirán a las urnas para resolver si aceptan o rechazan el proyecto de Constitución que surgió de la asamblea constituyente que eligieron en mayo de 2021. El debate en dicho organismo fue áspero, tanto como la campaña de las últimas semanas. Lo cierto es que es mucho lo que se juegan los chilenos ante la posibilidad de un cambio profundo en sus instituciones en un sentido claramente chavista. En efecto, la nueva carta en caso de ser aprobada relativiza hasta desconocerlo el derecho de propiedad, eliminando la compensación previa y a precio de mercado en caso de expropiación, entre otras protecciones habituales. Le da un poder desmedido a los llamados pueblos originarios que pueden oponerse a cualquier proyecto del tipo que sea en todo el territorio nacional que sientan que vulnera sus derechos. Más aún, a través de la eliminación del Senado, el establecimiento de cupos para la Asamblea Legislativa, la derogación del requisito de mayorías especiales para los temas más importantes y el traspaso de todo el poder de decisión a este organismo, se termina la separación de poderes y la democracia liberal como la conocemos. A través de la declaración de “estado plurinacional”, siguiendo el modelo boliviano, además, se establece también un sistema de “pluralismo jurídico” que junto a la nominación política de buena parte del nuevo “Consejo de Justicia” marca claramente que los cambios institucionales son para alinear a Chile en la fila de Venezuela y Cuba en términos de concentración de poder y desprecio por los derechos de las personas. La intención de los promotores del proyecto constitucional chileno es clara y ni siquiera requiere interpretación, es lo que han declarado varios dirigentes políticos del actual gobierno. La izquierda radical chilena encontró en la Asamblea Constituyente una oportunidad de asaltar el poder de forma revolucionaria de manera mucho más estructural que ganando una elección. En caso de triunfar el domingo lograrán tomar el poder sin intención de abandonarlo y con ello Chile, el país que más avances económicos y sociales había alcanzado en las últimas tres décadas en América Latina, entrará en un proceso revolucionario de desintegración social. El caso permite analizar para qué sirve una Constitución y cómo una democracia real tiene que ser necesariamente un sistema de pesos y contrapesos. Lo que quieren los reformistas chilenos, a fin de cuentas, es aprovechar una mayoría circunstancial para someter a sus adversarios políticos negándoles sus derechos y cambiar el sistema político pluralista por un estado plurinacional autoritario. En las democracias liberales, por el contrario, el poder siempre es temporal y tiene limites precisos. Los derechos de las personas no dependen de quien gobierne, la justicia que se aplica no depende del poder de turno y las garantías constitucionales aseguran que el contrato social básico permanece. Como tenían claro los padres fundadores de Estados Unidos, una Constitución estable es la mejor garantía contra los malos gobiernos; asegura el plazo en que se va a ir y limita el daño que pueden hacer. La evolución constitucional de Occidente, clave del progreso que ha permitido la mejora extraordinaria en el nivel de vida que experimentamos en los últimos dos siglos no puede desconocerse de un plumazo. Los cambios radicales al galope de autoproclamados iluminados nunca terminan bien.