Si hay una sola cosa positiva del penoso episodio de los pasaportes es que fue descubierto por nuestro propio sistema. Fue la fiscalía uruguaya, en una investigación en absoluta reserva, la que sacó a luz a esta banda que operó entre 2015 y 2021. No fue Interpol, ni la denuncia de otro gobierno la que sacó el hecho a luz, fue la actuación de la Fiscalía de Gabriela Fossati quien lo hizo. Considerando que estaba involucrada una persona que trabajaba directamente con el Presidente de la República y que se lo detuvo en la propia residencia presidencial, el mérito es aún mayor. Claro que nada de esto quita la gravedad de lo sucedido, el sistema falló y permitió que el Estado uruguayo emitiera cientos de pasaportes que no correspondían, pero no está de más recordar que no somos un país bananero y que fueron nuestras propias instituciones las que desarticularon la red. Me parece importante recordar esto dado que desde hace algunos días cambió el ambiente y la confianza en el trabajo de la Fiscalía y de la Justicia en Uruguay. La disputa entre el principal partido político y una fiscal es peligrosa para nuestro país. El cambio a la condición de indagado de Gustavo Leal parece haber sido el detonante. Suena injusto y destemplado acusar de intencionalidad política a la fiscal tal como lo hicieron implícita o explícitamente muchos dirigentes políticos de primera línea. La hipótesis de cierta complicidad de la Fiscalía, o de la prensa, para con el gobierno suena ridícula. Están hablando de la fiscal que sacó a la luz el caso que más daño le hizo al gobierno y que es el principal tema del Uruguay hace seis meses. ¿Qué más esperan que pase? Creo que el problema es otro. Lo que sucede es que algunos actores políticos tenían expectativas desmesuradas sobre este proceso judicial. Es lógico que estén decepcionados quienes esperaban que la Justicia les haga el trabajo político, esperaban un knock out que no tenía fundamentos. Sin dudas el Presidente cometió un gran error con la designación de Astesiano, pero no hay un solo indicio que lo comprometa ni remotamente con la trama de los pasaportes. Tampoco, más allá del ruido y la bravuconería de Astesiano, parecen tener indicios concretos de delitos de ningún jerarca político las decenas de filtraciones que pasaron por la prensa. Esa es la realidad. Más allá del error cometido por el Presidente, es falso que existiera una organización para delinquir en Torre Ejecutiva. Tampoco hay ningún indicio de que nadie del gobierno fuera parte de los otros delitos cometidos por Astesiano. Quienes creen que el Presidente es en cualquier modo responsable de lo sucedido tendrán que hacer el trabajo político de responsabilizar políticamente al Presidente, la Justicia no lo hará por ellos. Por el simple motivo que no hay ningún indicio de que él haya cometido delito alguno. La discusión política no tiene atajos. No se puede pretender que la Justicia laude discusiones que son políticas. No cualquier error en la gestión pública es un delito. Así como al inicio de este gobierno varios dirigentes oficialistas tuvieron la equivocada idea de que a fuerza de denuncias penales podían ganar batallas políticas, esta vez es el FA quien se equivoca esperando de la Justicia lo que no corresponde.