Pocas cosas despiertan más la urticaria de los jacobinos vernáculos que se ocultan detrás de una falsa defensa de la laicidad que las manifestaciones públicas de la Iglesia Católica. En el fondo hay un problema profundo que le hace daño a nuestra convivencia, que es confundir un Estado laico con un Estado que persiga a las religiones. Algunos comentarios sobre la reciente beatificación de Jacinto Vera dan muestra de este fenómeno, pero ciertamente la reinauguración de la capilla del Hospital Vilardebó se llevó el foco de la atención recientemente. El jacobinismo uruguayo es de larga data. A comienzos del siglo XX tuvo su apogeo político cuando un mal llamado Partido Liberal llegó al Parlamento y varias asociaciones se dedicaron a una prédica antirreligiosa subida de tono. El necesario y sano proceso de separación de la Iglesia Católica del Estado -religión oficial bajo la Constitución de 1830- trocó en uno de innecesaria violencia, explicado magistralmente por José Enrique Rodó en su tiempo. Desde entonces se combinó una Iglesia Católica débil en la comparación regional junto a un Estado que acorraló a las religiones, expulsó sus manifestaciones de los espacios públicos y cercenó los aspectos espirituales del ser humano de la vida ciudadana, con un alto costo para la sociedad. El Estado debe ser garante de los derechos de todos los habitantes de la República, también del derecho de expresión y de asociación de todas las religiones, aunque les molesten a legisladores e intelectuales. El episodio en cuestión, respecto a la capilla del Hospital Vilardebó es por demás elocuente. Lo que se cuestionó es que la reinauguración de la capilla se celebrara con una misa, lo que despierta automáticamente la pregunta: ¿con qué querían que se celebrara? ¿Con una carrera de embolsados? La eucaristía por cierto que es un sacramento para los católicos, para quienes no lo son es una ceremonia inofensiva, que pueden presenciar o no de acuerdo con lo que prefieran. Así como distintas instituciones tienen sus ritos y celebraciones que se desarrollan con entera libertad, lo mismo debe ocurrir para los de la Iglesia Católica y si a algunas personas les molestan sencillamente pueden no concurrir y no tienen por qué exasperarse con la cuestión. Si sienten la necesidad de manifestarse públicamente y llamar a la autoridad para que reprima estas manifestaciones el problema es más de ellos que del Estado o de la Iglesia. Por otro lado, creo que la sociedad uruguaya se debe un profundo examen del rol que el Estado ha cumplido en la materia durante más de un siglo. Muchas veces escuchamos declaraciones de orgullo por parte de defensores del jacobinismo sobre que Uruguay es el país más laico (o ateo) de América Latina, lo cual es cierto. También es cierto que tiene una tasa de suicidios que duplica la mundial y es la más alta del continente. ¿No tendrá esto algo que ver con haberle mutilado a los uruguayos el aspecto espiritual de su vida? La hipótesis me resulta claramente plausible. Finalmente, la sana convivencia requiere un Estado verdaderamente laico, inclusivo respecto a las distintas creencias e ideas del ser humano, vale decir, uno verdaderamente laico y no enfermizamente laicista. Mucho daño ya se ha hecho, pero nunca es tarde para arrepentirse.