La discusión en torno a la caja bancaria muestra la confusión recurrente sobre quiénes son los sectores más débiles a los que corresponde priorizar a la hora de asignar recursos. No hay que ser un genio, ni un experto en distribución del ingreso, para darse cuenta que los trabajadores y jubilados bancarios pertenecen a los deciles más ricos de la sociedad uruguaya y cuentan con una enorme cantidad de protecciones y beneficios que la mayoría de la sociedad ni sueña. Claro que es legítimo que cada uno defienda lo suyo, en ese sentido el rol de AEBU es defender al máximo los intereses de sus afiliados, pero no confundamos la válida defensa del intereses propios con la justicia social. Pongamos un mínimo contexto. El promedio de las jubilaciones pagadas por la caja bancaria está en los $ 120.000, lo cual se financia con cargas a la seguridad social mucho más altas que el promedio: los aportes patronales son del 22,5% en vez del 7,5%. Y no, esto no es un problema solo para las empresas, esto es un aumento de los costos inmenso que impacta en los costos con los que operan los bancos en nuestro país y por lo tanto en los costos de los productos financieros como los créditos. A eso se le suma que en 2008, el gobierno de la época aprobó la Prestación Complementaria Patronal (PCP), un aporte adicional de las empresas para financiar la caja bancaria que ya estaba en problemas. El régimen jubilatorio de los trabajadores bancarios de este país es muy privilegiado en cualquier análisis posible. Se trata de un sector con un lobby otrora muy poderoso, hoy en día mucho menos influyente, pero que cada vez que tuvo dificultades logró que se le aprobaran soluciones particulares que, de una u otra forma, corren por cuenta de toda la sociedad. La propuesta que nos trae AEBU esta vez no tiene nada de novedoso. Con total lógica histórica esperan que se repita lo de siempre, que el poder ejecutivo les genere una solución a partir de obligar a otros a pagar el desajuste de un sistema insostenible. Estamos hablando de un sistema jubilatorio que ya tiene más jubilados que trabajadores, y que impone cargas laborales enormes en cualquier comparación nacional o internacional. Los cambios aprobados en 2008 lograron estirar la vida al sistema, pero a cambio agudizaron brutalmente la tendencia de reducción de empleados de los bancos uruguayos. Un empleado bancario uruguayo cuesta el triple que nuestros vecinos, ¿alguien en serio cree que eso no tiene consecuencias en la cantidad de puestos de trabajo? Todos, bancarios y militares inclusive, están en su derecho de aferrarse a regímenes que notoriamente les reportan privilegios, pero da un poco de pudor escuchar que eso se hace en nombre de los postergados o de la justicia social. Creo que deben buscar mejores razones para oponerse a las medidas de contingencia que se proponen desde el gobierno. Va llegando la hora de empezar a desatar vacas en muchos ámbitos de la realidad económica y social uruguaya. Claro que en muchos aspectos el estado debe intervenir y asegurar recursos para financiar la protección social de los sectores más postergados y vulnerables. Quédense tranquilos que rarísima vez son los pobres los que se benefician de estas vacas atadas.