Fue una buena semana para la institucionalidad económica del país. Al presentar la rendición de cuenta a Azucena Arbeleche la oposición no le exigió que aumente el gasto, con mucha sorpresa vimos cómo el eje fue el contrario: se señaló al MEF por gastar demasiado y, según ellos, incumplir la regla fiscal. Buena cosa que el sistema político tenga un consenso en la importancia de contar con una regla fiscal transparente, y en que cumplir con la misma es muy útil para el Uruguay. Tanto los diputados de la oposición, como asesores económicos del FA en medios de prensa manifestaron su preocupación de que no se llegara a cumplir con los objetivos establecidos en la nueva institucionalidad fiscal aprobada en la LUC. A buena hora dejamos de hablar de derogar la regla fiscal, y pasamos a discutir cómo mejorarla, hacerla más transparente y menos arbitraria. ¡Gran noticia para Uruguay! Creo que la principal razón de este viraje es el evidente costo reputacional que tendría para el Uruguay abandonar este camino iniciado. A pesar de tener espacio de mejora (algunos certeramente señalados por la oposición), cualquiera que no esté sesgado puede ver que la regla representó un gran avance en la institucionalidad fiscal de este país. Aún aceptando que se debe mejorar, la discrecionalidad de la política fiscal es hoy infinitamente menor a la que existía antes de la vigencia de esta regla. Con esta regla fiscal Uruguay mejoró el riesgo país y la calificación de la deuda a niveles históricos. Atado a lo anterior, bajó el costo del financiamiento de nuestro país reduciendo los intereses de la deuda en nada menos que 0,5% del PIB. La regla fiscal también jugó un papel clave ayudando a que no tuviéramos durante 2021 y 2022 la prociclicidad del gasto, fueron años de crecimiento de más de 4,5% del PIB pero donde el gasto se mantuvo a raya. Seamos honestos, las reglas fiscales son la norma en la mayoría de los países de la región, Uruguay tenía un déficit importante al respecto. Somos uno de los últimos en subirse a este barco, y buena falta nos hacía. Es una muy buena cosa que la oposición política tenga “de dónde agarrarse” para exigirle al gobierno más disciplina fiscal en el año preelectoral. Durante el gobierno pasado, no había nada (y no me vengan con el inútil techo de deuda), el gobierno era absolutamente impune en su discrecionalidad. El colega Martín Vallcorba acierta en señalar algunos aspectos que la regla tiene para mejorar. Lo que no tiene ningún sentido es que por criticar lo particular se desconozca lo sustancial: se avanzó mucho en materia de institucionalidad fiscal y los resultados están a la vista. Esta institucionalidad debe seguir evolucionando de la mano de una cultura política que la valore. Claro que la regla fiscal no soluciona todo, pero cualquier análisis muestra que estamos en una situación mucho mejor que en 2020, y que en cualquier caso el gobierno que viene recibirá una situación mucho menos apremiante. Mi colega Martín Vallcorba vuelve a aplicar una fortísima crítica a algo que probablemente va a ser una política de Estado. Este episodio me lleva a pensar que a la nueva institucionalidad fiscal le sucederá lo mismo que a la reforma de la seguridad social. Quienes atacan de forma durísima los cambios implementados tienen claro que los mantendrán en su esencia en caso de que les toque llegar al gobierno.