La “ley de talles” y el “proyecto contra la usura” pueden parecer muy distintas, sin embargo tienen más en común de lo que parece. Ambas propuestas tienen la virtud de reconocer un problema real, pero en los dos casos la apuesta es por soluciones coercitivas a las que la realidad les pasará por arriba generando consecuencias indeseables. La sociedad es un sistema complejo, las consecuencias de lo que hacemos no son solo las que queremos o planificamos. En particular, esto quedó de manifiesto durante la pandemia, las medidas de restricción de la movilidad sirvieron para frenar el avance del virus, pero también tuvieron consecuencias imprevistas. Enfermedades mentales, pérdida de aprendizaje y aumento de la violencia intrafamiliar son algunas de las consecuencias más claras que no estaban en los planes de nadie cuando pedíamos frenar el mundo por el covid. Mejorar el acceso a la vestimenta es un fin loable, y no tengo dudas, que es un problema real para muchas personas. Pero la idea de obligar a los comercios a disponer de todos los talles es muy mala. De aprobarse esta ley tal como salió de comisión hay dos posibilidades: i) que sea letra muerta y engrose el listado de leyes que no se aplican, debilitando así nuestra institucionalidad; ii) que se aplique y fiscalice, lo cuál sería más terrible aún. ¿Qué tipos de locales pueden tener la variedad total de talles? ¿Cómo se financiará el aumento de costos que implica disponer de toda la mercadería en todos los locales? No parece muy aventurado pronosticar que si el artículo 1 de esta ley se aprueba (y fiscaliza) tendremos menos comercio y mayores precios, en el mercado formal claro. El mercado informal de la vestimenta encontrará una oportunidad inmejorable. El proyecto de reforma constitucional anunciado “Contra la usura y una deuda justa” peca de los mismos defectos. Hay un gran mérito de Cabildo Abierto en conectar con una problemática cierta y que preocupa a cientos de miles de uruguayos. Sin embargo la propuesta con toda probabilidad agravará la problemática. ¿Por qué las tasas de interés de un crédito al consumo (sin retenciones de sueldo) son tan altas? ¿Por qué a nadie se le ocurre competir en ese segmento con tasas más bajas? La respuesta más probable, es que prestar $ 30.000 a alguien que no hay ninguna certeza de que pagará es inherentemente riesgoso y costoso de gestionar. Prohibiendo que la tasa supere el 30% eliminaremos el crédito formal a los sectores populares. Estas personas quedarán a merced de prestamistas informales que no suelen tener las prácticas de cobro más amigables. En ambos casos los promotores de cada proyecto podrán aducir que “por lo menos es algo” o cuestionar ¿cuál es la alternativa? Creo que existen y ojalá estas malas iniciativas sirvan para poner el tema en la agenda. Un buen político debe gestionar la realidad sin sobreestimar su verdadera capacidad de incidencia sobre la misma. Sobran ejemplos de buenas ideas que se transformaron en “boomerangs”; la “ley de alquileres” que se aprobó en Argentina casi por unanimidad en un marco de gran popularidad, en pocos meses había destruido el mercado de alquiler dificultando aún más la situación de los inquilinos. Es muy fácil dibujar fantasías en el papel si no se pretende que la realidad le corresponda.