En las últimas semanas abordamos en formato miniserie algunos temas vinculados a la institucionalidad política, con el análisis de qué debería ser una ley (y qué no), otra columna trató sobre un ejemplo concreto (de lo que no) con el proyecto de ley de talles, y otra sobre qué debe contener una Constitución. Siguiendo este hilo conductor, puede valer la pena tratar otro tema relacionado que se ha introducido en nuestro debate. Algunos planteos recientes han señalado la necesidad de que la administración central del Estado cuente con más ministerios, en particular, con buenos argumentos por cierto, se ha señalado la necesidad de crear, verbigracia, un Ministerio de Justicia y también otro de Ciencia y Tecnología. Claramente son propuestas que merecen ser analizadas, por quienes son las personas que lo defienden y los argumentos que manejan. Un argumento interesante es que la existencia de un ministerio ayuda a jerarquizar el asunto. Evidentemente si existe un ministro que tiene reuniones frecuentes con el Presidente de la República (los llamados acuerdos) y una silla en el Consejo de Ministros va a tener mayores chances de que esos asuntos avances en la agenda de las políticas públicas. La contracara, naturalmente, es que si existen muchos ministerios con temas distintos no se termina priorizando ningún tema. Como se sabe, si todo es prioridad en realidad nada es prioridad. En estos asuntos, siempre conviene tener presente la sabia frase de Herbert Spencer en su pequeño libro en extensión pero grande en conceptos titulado Demasiadas leyes: “El Estado no solamente es culpable de hacer cosas que no debería hacer; lo es también y por una inevitable consecuencia, de descuidar otras cosas que debiera hacer.” El argumento de que la existencia de un Ministerio se justifica para incrementar la relevancia de su temática no parece suficiente para que se cree esa estructura administrativa con sus consecuentes funcionarios, contratos y becarios. Es evidente que la suerte de un país no depende de la cantidad de dependencias públicas que tiene e incluso podría argumentarse -algo maniqueamente- que le etapa en que Uruguay anduvo mejor fue cuando tenía un número de ministerios que entraban en una mano. De la misma forma en que la importancia de una problemática no justifica per se un cambio constitucional o que deba aprobarse una ley, tampoco debería hacerlo con un ministerio. En la realidad concreta del Estado uruguayo, donde la cantidad de empleados públicos es, además, notoriamente mayor a la necesaria (aunque pueda señalarse que en algunas oficinas falten funcionarios) y la presión fiscal es elevada (la segunda del continente detrás de la cubana) la creación de nuevas dependencias parece especialmente desaconsejable. Es evidente que esta es la orientación general, lo que no impide que pueda reorganizarse el Estado. En general siempre se habla de la creación de ministerios, pero no de la supresión de alguno. La idea de que algunos puedan fusionarse para reducir su carga burocrática y así liberar recursos para la creación de alguno nuevo que realmente justifique su existencia no es una idea condenable de antemano. Pero antes de que el Estado siga creciendo debemos ver por dónde se puede podar.