Hace exactamente un año escribía una columna en este espacio titulada “Argentina y los impactos en Uruguay: más estructural que coyuntural”. Aludía a que, bajo un principio de gestión de riesgos y a la luz de sus políticas, resultaba más conveniente internalizar su situación, y por tanto sus efectos en Uruguay, como algo más duradero que transitorio. En otras palabras, los desequilibrios macroeconómicos del otro lado del Río de la Plata nos acompañarían por un buen tiempo. Y lejos de disiparse, se agudizaron. Casi como un calco de 2015 y 2019, Argentina llega al ciclo de elecciones presidenciales 2023 con una caída en el nivel de actividad, financiamiento monetario del déficit fiscal, inflación crónica (aquí la innovación es que superó los dos dígitos), escasez de reservas internacionales, sin acceso al mercado internacional de deuda, múltiples tipos de cambio y distorsión de sus precios relativos. También, con un importante rally de los activos locales, augurando un cambio de ciclo. ¿Cuánto de ello es expectativa y cuánto responde a fundamentos? De este lado del río, Uruguay logró un evidente desacople real y financiero en buena medida por políticas económicas bien orientadas, que, en lo sustancial, continuaron pese a los cambios de signo político en el gobierno. Ello no asegura inmunidad. Primero, porque es cierto que los vientos adversos desde Argentina conspiraron para alcanzar mayores tasas de crecimiento, con la excepción de la primavera macrista en 2017 y primeros meses de 2018. Segundo, porque hay impactos sectoriales y en la asignación de recursos que son difíciles de amortiguar. Tercero, porque su resolución, dependerá más de lo ajeno que de lo propio, y contra ello es cuasi nula la capacidad de incidencia. No por conocido vale la pena dejar de mencionarlo. Los problemas en Argentina son fuente de dificultades para el comercio fronterizo formal, los ingresos por turismo receptivo volcado a la clase media y ciertas ramas industriales que sufren recurrentes restricciones de acceso a este mercado. Hay algunas cifras que explicitan su magnitud. La tasa de desempleo en el litoral se ubicó en los últimos meses en torno al 13%-14% de la población activa o el gasto per cápita de argentinos en Uruguay cayó 25% entre temporadas turísticas comparables (2023 vs 2020). No obstante, hay derivadas relativamente nuevas o al menos no mapeadas en otros ciclos de grandes diferencias de precios relativos como el actual. Si bien los últimos datos de empleo, inversión y cuenta corriente han sugerido cierta resiliencia de la economía uruguaya a distintos shocks, la inestabilidad nominal de Argentina está generando evidentes desvíos de consumo ya no solo en la frontera, sino desde todo el país. El poder adquisitivo de los uruguayos en Argentina es mayor y medido en volumen físico el consumo de bienes y servicios aumenta. La contracara está en la recaudación impositiva que se resiente, incluso algo más allá de lo que sugeriría la desaceleración cíclica observada desde mediados de 2022. En este escenario surgen varias interrogantes y conjeturas. En primer lugar, ¿Argentina logrará encauzarse? A diferencia de las anteriores oportunidades, el nivel de punto de partida de los desequilibrios es peor y, por tanto, el espacio para comenzar a resolverlos es mayor. La (buena) gestión macroeconómica es condición necesaria: un plan de estabilización creíble que combine un ancla nominal (el tipo de cambio) y real (un ajuste fiscal), tras una unificación del mercado cambiario y un reacomodo de los precios relativos de las tarifas. Pero no suficiente: dependerá de la gobernabilidad que tenga el nuevo presidente para llevar adelante reformas pro crecimiento, la relación de fuerzas en el Congreso, la economía política del ajuste y su timming de aplicación con elecciones de medio término en dos años. También del viento externo, que puede dificultar aún más este proceso. En segundo lugar, suponiendo que los precios de los activos anticipan una reactivación y las políticas logaran cierto éxito, ¿se reducirá la brecha de precios relativos con Uruguay? Probablemente la diferencia excepcional que hizo transables a los no transables se aminore, pero hay que internalizar que el vecino será significativamente una economía más empobrecida y barata. Actualmente, el PIB per cápita de Uruguay es 40% superior al de Argentina, cuando hace 12 o 15 años era similar. En tercer lugar, ¿qué puede hacer Uruguay? En este aspecto, es dónde debería primar el principio de prudencia. Mejor asumir que parte del empobrecimiento relativo es duradero y que por tanto, el diferencial de precios será igualmente grande, que dar por descontado que es transitorio y se revertirá a la larga. Siguiendo ese principio, existirán más incentivos a encarar reformas pro competencia, inserción al mundo y competividad asumiendo que la asignación de recursos a nivel sectorial es un proceso dinámico, aunque también será necesario abordar estrategias para los sectores perjudicados. También para seguir diferenciándose positivamente en la gestión de la política económica con más autonomía y flexibilidad monetaria-cambiaria y mayor enfoque estructural desde lo fiscal que permitan absorber mejor los shocks. La frase “Argentina empeorará antes de mejorar” se viene escuchando hace muchos años. La interrogante es: ¿alguna vez mejoró?, ¿por qué esta vez sería diferente? Ad portas de las PASO del 13 de agosto, hay razones en ambas direcciones para pensar que ello ocurra. Mientras tanto, bajo alta incertidumbre, mejor equivocarse por pesimista que por optimista.