El pasado jueves 28, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer los datos de pobreza del primer semestre del 2023. Un 10,4% de la población tiene ingresos por debajo de la Línea de Pobreza (LP), lo que es equivalente a aproximadamente 350 mil uruguayos. Este dato nos posiciona como uno de los países con menor índice de pobreza monetaria de Latinoamérica, sólo por debajo de Chile. A pesar de que la comparación con la región resulta positiva, es necesario avanzar con un análisis más profundo de este fenómeno. Más allá de las cuestiones monetarias, es importante tomar en cuenta otras dimensiones que afectan a esta población. A nivel educativo, los jefes de hogar de los hogares bajo la LP presentan muy bajos niveles de culminación de los ciclos educativos. Tan solo 36% finaliza Ciclo Básico, y 11% Bachillerato o UTU. Ello representa un desafío adicional en la medida que Uruguay tiene bajos niveles de finalización de los ciclos educativos en personas cuyos padres tampoco los finalizaron. Asimismo, en material laboral, la tasa de desempleo en jefes de hogar cuyos ingresos están por debajo de la línea de la pobreza fue de 18% en el promedio 2022, el doble que el promedio de la población para ese mismo periodo de tiempo. Para entender la situación actual, y cómo se llegó a ella, siempre es bueno hacer un recorrido de lo sucedido en los años previos. En una mirada de largo plazo, desde el retorno de la democracia hasta nuestros días, la incidencia de la pobreza ha disminuido, a pesar de haber atravesado ciertos periodos de aumento y estancamiento. Hacia el fin de la dictadura, luego de la crisis del ´82, se produjo un rápido ascenso en la proporción de personas con ingresos insuficientes, alcanzando a aproximadamente la mitad de la población. En la segunda mitad de los ochenta y la primera mitad de los noventa, la tasa de personas bajo la LP tuvo un marcado descenso, junto a la mejora de otros indicadores sociales. El siguiente periodo estuvo marcado por un estancamiento de la pobreza en el entorno del 20%, que se vio interrumpido por un fuerte aumento como consecuencia de la crisis de 2002, en donde se alcanzó un pico de 40%. Los años siguientes volvieron a registrar una disminución importante de la tasa de pobreza, alcanzando el menor valor en 2017 con un 8%. Así llegamos al escenario actual, en que la pobreza (a excepción del aumento a causa de la pandemia) se mantiene estable. Desde hace aproximadamente 8 años, esta fluctúa entre el 8% y el 10,5%; adicionalmente cabe destacar que el cálculo del indicador tiene un margen de error de 1 punto porcentual. A pesar del aumento en el monto y la cantidad alcanzada por las transferencias, parecería haber cierto piso en el indicador, del cual no se ha podido descender. Este índice es claramente anticíclico, aumentando en las épocas de crisis y cayendo en las de bonanza. La reducción de la pobreza tras la crisis del 2002, coincide con el boom de las materias primas, lo que llevó a un acelerado crecimiento de la economía uruguaya. Por su parte, la estabilidad que se observa en la tasa desde hace 8 años, coincide con un estancamiento del PIB. Es debido a este comportamiento que el gasto en políticas sociales necesita de un componente contracíclico, aumentando su potencia en momentos de recesión cuando más se necesita y reduciéndola en momentos de ‘vacas gordas’. La regla fiscal, establecida en la LUC, sigue este principio, ya que busca la reducción de la discrecionalidad y la prociclicidad, dos componentes adversos a las políticas públicas. A pesar de ser de gran ayuda en esta materia, la adopción de una regla de este tipo no garantiza el aumento del gasto en cuestiones sociales de manera permanente. Un mayor gasto sólo puede ser alcanzado mediante un incremento en el crecimiento de la economía. En los últimos 8 años, el crecimiento promedio del PIB ha sido del 1%. Esto no es casualidad, sino que se debe al bajo crecimiento potencial de la economía uruguaya. Un cambio en esta materia requiere de reformas estructurales, con visiones de largo plazo. Crecer más no es un simple capricho de economistas, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder alcanzar mayores niveles de desarrollo y reducir la pobreza. A pesar de que un alto crecimiento no necesariamente garantiza una reducción de la pobreza, un crecimiento bajo nos impedirá alcanzar los estándares de calidad de vida a los que aspiramos. Un mayor crecimiento potencial es indispensable para poder asegurar un aumento del gasto de manera permanente, sin desequilibrar las finanzas públicas. Una sociedad que quiera lograr un mayor bienestar necesita asegurar la sostenibilidad de las políticas públicas con recursos que no dependan de las fluctuaciones económicas.