Cuando se hacen políticas públicas hay algunas reglas generales que conviene no olvidar. Se me ocurren tres, dos más obvias y una no tanto. Primero, gobernar es priorizar. Dado que los recursos siempre son finitos, cuando le doy algo a alguien se lo estoy negando a otro. Segundo, cuando cambio las reglas de juego sobre la marcha no solo afecto lo que cambio, también cambio las expectativas de que las reglas pueden ser cambiadas. Pero en tercer lugar gobernar también es arbitrar intereses. En muchas oportunidades los intereses de los directamente involucrados y de la ciudadanía en general no son los mismos. Hacer lo que dice Fenapes sobre la reforma educativa, Unvenu sobre la regulación de estaciones de nafta o un grupo de deudores hipotecarios sobre la eventual justicia de los créditos que los afectan, no parece el mejor camino. Creo que con buena fe, el Parlamento olvidó las tres reglas esta semana al votar la “solución” para los deudores en UR. Publicidad Estas líneas no son contra nadie. Me consta que muchos de los involucrados pagaron religiosamente con sacrificio para tener su casa propia. Parece razonable que el BHU atienda situaciones particulares, que se discutan bonificaciones a buenos pagadores e incluso revisar si hay algún problema de diseño que derivó en una injusticia con algunos deudores. Pero esta solución al barrer está mal. Ningún criterio razonable de asignación de recursos puede derivar en otorgar 1% PIB a 25.000 personas que tienen una propiedad de hasta US$ 300.000 en un país con 20% de pobreza infantil. Cada persona puede sentirse perjudicada en un negocio, en una relación laboral o en un crédito hipotecario; pero la intervención del Estado debería tener criterios objetivos y parecer arbitraria. En este caso la queja es que la unidad en la que se pactó el pago (UR que evoluciona con los salarios) aumentó un período largo por encima de la inflación. Dos comentarios al respecto, los estudios realizados por Deloitte y CPA descartan grandes perjuicios de la deuda en UR con respecto a la UI. Muchos de estos préstamos son de la década del 90, en esos años la UR resultó más beneficiosa. Pero segundo, si aceptamos como válido que uno pacta algo con el estado y con “el diario del lunes” le reclama, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tienen que hacer los deudores en UI si mañana se dispara la inflación? Si cada crédito hipotecario otorgado por el Estado será cambiable en favor de un grupo de presión corremos un gran riesgo de que el BHU termine fundido como otrora. Mancur Olson en su libro “La lógica de la acción colectiva” explica cómo un grupo pequeño, pero con beneficios relevantes para cada uno de sus integrantes, tiene muchos incentivos a organizarse y presionar por medidas que los benefician a costo de perjuicios para el resto de la sociedad. Pocos que se benefician mucho le tuercen el brazo a muchos que se perjudican poco. Claro, Olson también explica que el sistemático funcionamiento de esta lógica termina con un país gobernado por grupos de presión.