En Uruguay, la política fiscal en los últimos 50 años presentó tres características. En primer lugar, la prociclicidad, vinculada a comportamientos expansivos en épocas de boom que generaron ingresos superiores a los estructurales, y contractivos en períodos de recesión; exacerbando el ciclo económico. En segundo lugar, ciertos riesgos de insostenibilidad de las finanzas públicas, en ocasiones por dinámicas crecientes del déficit fiscal y la deuda pública, y en otras, por la materialización de shock externos fuertemente negativos. En tercer lugar, la discrecionalidad asociada frecuentemente a políticas expansivas en períodos electorales, a cuenta de ajustes posteriores en las siguientes administraciones. Bajo un enfoque estructural, la introducción de la institucionalidad fiscal en 2020 con una regla de tres pilares complementarios (que, además, se han cumplido por cuarto año consecutivo) ha sido acompaña por la mejora de una serie de indicadores de las finanzas públicas asociados a la prociclicidad y sostenibilidad de la política fiscal. Prociclicidad. Por un lado, se visualiza una reducción de la prociclicidad en el manejo de la política fiscal. Ello se refleja en primer lugar en el cálculo de la correlación (utilizando ventanas móviles de 5 y 10 años) entre el componente cíclico del gasto primario real del GC-BPS y el componente cíclico del PIB. Siguiendo la metodología utilizada por Végh et al., (2013) para la ventana 2019-2023 esta se aproximó a cero, indicando una política fiscal acíclica o independiente del ciclo económico. Por su parte, en la ventana de 2014-2023, el coeficiente de correlación mencionado se ubicó en 0,6, recogiendo una década donde la política fiscal fue menos procíclica que en los veinte años previos (donde alcanzó coeficientes entre 0,8 y 0,9). En segundo lugar, la medición del impulso fiscal a través del cambio en el balance cíclicamente ajustado y su comparación con el nivel y el cambio en la brecha del PIB también sugieren que la política fiscal habría sido acíclica en promedio entre 2020 y 2023. Habría presentado un sesgo expansivo en 2020 a razón del shock de la pandemia, contractivo en 2021 y 2022 consistente con la recuperación de la actividad, y levemente contractivo en el 2023 que mostró una desaceleración con señales mixtas. En efecto, el año pasado hubo signos negativos por el shock transitorio de la sequía y la diferencia de precios con Argentina, pero positivos por la continuidad en la recuperación del mercado de trabajo. Como resultado, el impulso fiscal acumulado entre 2020 y 2023 mostró un valor negativo de 1,1 p.p. del PIB potencial, lo que reveló un retiro gradual del impulso positivo requerido por la pandemia. Ello contrasta con la política fiscal de los 20 años previos donde tendió a ser fuertemente procíclica tanto en períodos recesivos como expansivos, debido mayoritariamente al comportamiento del gasto primario. Sostenibilidad Por otro lado, existen resultados observables que apuntalan una mejora en la sostenibilidad fiscal. Primero, la reducción del déficit estructural desde 4,5% en 2019 a 2,7% en 2023, tras una trayectoria creciente e insostenible en los años previos (en particular, desde 2012 a 2019). Segundo, la moderación del crecimiento del gasto primario efectivo y estructural, tanto en términos reales como en relación al PIB y su tasa de crecimiento potencial. Tercero, la estabilización del ratio de deuda neta sobre PIB del GC en torno a 53% del PIB en los últimos tres años (luego del incremento entre 2013-19 y el registrado durante la pandemia -aquí y en el mundo-), favorecido en parte por la apreciación del tipo de cambio real. Como consecuencia, todo ello se ha visto reflejado en una mejora en la calificación crediticia (tras riesgos de perder el grado inversor en 2019) y la consolidación de un riesgo país históricamente bajo (para Uruguay y en la región) que amortiguó el aumento de las tasas de interés a nivel internacional. Este ha oscilado en torno a 80 puntos básicos en las últimas semanas. Discrecionalidad. De cara al 2024, la regla y el manejo fiscal enfrentarán una prueba de madurez adicional, dado los incentivos a un manejo discrecional de las finanzas públicas asociado al ciclo electoral. Sin embargo, el diseño y la meta establecida en el pilar 3 de la regla (tope de endeudamiento definido en dólares absolutos) son suficientemente restrictivos para evitar los deterioros fiscales de los años electorales, donde promediamente el déficit tiende a aumentar entre 0,5% y 1% del PIB. En resumen. Desde 2020 existe una regla fiscal con un diseño estructural que se ha cumplido. Ello ayudó a reducir la prociclicidad y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En 2024 afrontará una prueba de madurez adicional. La regla es mejorable metodológicamente, pero el diseño actual de sus pilares es consistente y complementario para abordar las características no deseables de la política fiscal de los últimos 50 años. Por su parte, si bien se han registrado progresos, hay que continuar siendo ambiciosos en apuntalar una posición estructural más sólida con metas (más estables) de superávit primario, consistentes con cierto umbral de deuda óptima de mediano plazo. En este sentido, es una excelente noticia que el propio Ministerio de Economía, que impulsó la nueva institucionalidad fiscal, este liderando un proyecto de hoja de ruta para fortalecer el marco fiscal, y dejar un camino de mejoras a profundizar por la siguiente administración, incorporando las lecciones aprendidas en su etapa de implementación y las tendencias internacionales en la materia. La institucionalidad fiscal y su enfoque estructural llegaron para quedarse. Debería trascender gobiernos y ser fortalecida en el próximo quinquenio. La mayoría de las veces las políticas de estado se originan sin consenso, y luego por su éxito, trascienden. Creo, será el caso una vez más.