Desde la recuperación democrática de 1985 nuestro país tuvo gobierno encabezados por presidentes pertenecientes a los tres principales partidos de nuestro sistema político. Pese a sus diferentes orientaciones, incluyendo los de inspiración liberal, los socialdemócratas y los que le prendieron alguna vela al socialismo (que se apagó rápido), es justo reconocer que ninguno de ellos fue populista en los términos que ese calificativo ha sido empleado, y sigue siendo empleado, en el mundo. A diferencia de lo que viene ocurriendo en muchos países del mundo, incluyendo varios desarrollados, en Uruguay el populismo no ha logrado penetrar la densa malla de nuestros viejos partidos, contando allí a los tradicionales que se acercar a su bicentenario y al Frente Amplio que ya supera el medio siglo. Esa es una de nuestras fortalezas que permite pensar que la institucionalidad que nos distingue en la región pueda seguir manteniéndose más allá de resultados electorales. Ahora bien, este año estamos viendo que el populismo se nos está colando por la vía de la democracia directa, apelando al recurso de juntar firmas para reformar la Constitución, lo que los vuelve especialmente peligrosos al horadar, de resultar exitosos, nuestra Carta Magna. El caso más claro es el de la propuesta de reforma de la seguridad social promovida por el Pit-Cnt y apoyada por algunos sectores del Frente Amplio. Esta iniciativa representa un riesgo potencial enorme para el país, al punto de que no es exagerado afirmar que marcaría un antes y un después de difícil retorno en caso de resultar victoriosa. Por cierto que las consecuencias económicas serían devastadoras. Basta comprobar que el gasto en seguridad social pasaría de unos 10 puntos del PIB a unos 15, algo que resultaría fiscalmente imbancable para nuestras finanzas públicas. Aún con un aumento impositivo sideral, verbigracia, pasar el IVA de 22 puntos básicos a más de 30, la cuenta no alcanzaría, con lo que se comprometería la estabilidad macro-económica que hoy caracteriza a nuestro país. Nuestro grado inversor pasaría a ser historia, así como nuestra posición privilegiada como el país de menor riesgo de América Latina. Pero quizá incluso más grave que esa debacle sería el daño institucional y reputacional para el país. Un país en que se expropian recursos de personas y empresas no resultaría confiable para nadie, por lo que nunca se ha visto desde 1985 en adelante una propuesta de política tan dañina y poco uruguaya como la que tendremos a consideración en octubre. La reforma propone expropiar el dinero acumulado en las Afaps al más de millón y medio de trabajadores, recursos que no solo son propiedad de cada persona sino que son heredables por su familia. La posibilidad de juicios por parte de las personas afectadas y por las propias administradoras de fondos es una realidad cierta al violarse la propiedad privada que defiende la misma Constitución que se quiere violentar. Existen muchos más argumentos para estar en contra de la bomba populista que impulsa la central sindical y sus aliados, pero con lo expuesto alcanza para apreciar que estamos ante una iniciativa que no podemos desatender por su potencial capacidad de hacer volar por los aires el país que somos y, espero, queramos seguir siendo más allá de quien gane las elecciones.