En cinco días, finalmente, culminaremos el ciclo electoral del presente año con la elección del presidente y vicepresidente de la República por los próximos cinco años. Lo haremos dentro del clima habitual de nuestro país, respetando las formas de la democracia liberal y en paz, sabiendo que cada voto será contado y que tendremos un nuevo gobierno legítimo sea cual sea el resultado. Esta obviedad uruguaya, lamentablemente, no es la regla actualmente en muchos -demasiados- países del mundo y es algo que debemos celebrar, sin dormirnos en los laureles y darlo por garantizado para siempre. Nuestras instituciones políticas son sólidas, nuestra democracia tiene un funcionamiento ejemplar y desde el retorno a la democracia también hemos avanzado mucho en términos económicos. Nuestra economía hoy es mucho más próspera y abierta que la que teníamos en 1985 y los indicadores sociales también han mejorado sustancialmente. Incluso podemos constatar que en los últimos años, en la etapa pospandemia, hemos tenido un comportamiento dinámico de la economía -si excluimos el fuerte shock derivado de la sequía- , un mercado de trabajo con un desempeño excepcional con la creación de casi 100.000 empleos seguramente al cerrar el quinquenio y un salario real por encima del que existía en 2019. También desde el punto de vista de nuestra institucionalidad fiscal hemos tenido un avance concreto y sumamente positivo ya que gracias a la regla fiscal instrumentada desde 2020 hoy tenemos el menor riesgo país de América Latina, mejoramos nuestra calificación con las empresas calificadoras de riesgo y hemos emitido deuda a tasas históricamente bajas, lo que nos permite pagar menos intereses de deuda. La reducción de la inflación a la que nos habíamos acostumbrado, que nos ponía en el podio latinoamericano solo detrás de Venezuela y Argentina es otra buena noticia. Esto sumado al incremento de la inversión, las exportaciones y el consumo explican la trayectoria ascendente de los últimos años. La transformación educativa, con su impacto en la mejora de nuestro capital humano y la reforma de la seguridad social, que creó nuevos beneficios y pone las finanzas de nuestro sistema previsional en un camino estable, son logros estructurales que tampoco pueden desconocerse. El próximo gobierno, como cada uno en su particular contexto histórico, tendrá nuevos desafíos. En particular, se- rá tiempo de encarar las reformas microeconómicas que nos permitan ser un país con un menor costo de vida para la población y con menores costos de producción para las empresas. Este tema no estaba en la agenda de los partidos hace cinco años y hoy está sobre la mesa gracias a los logros de las mejoras ma- croeconómicas y a los nuevos actores que los plantearon. Estamos en condiciones de abrir nuestra economía y despejar las regulaciones que restringen la competencia para realizar esos cambios. Más competencia significa mejores empresas, más productivas y que puedan pagar mejores salarios, así como mejores precios y mejor calidad para el consumidor. Esto no es solo teoría, es el resultado concreto de cada experiencia histórica, también en Uruguay. Este debe ser, por tanto, el gran paso del próximo período para encaminarnos hacia el desarrollo y uno de los principales temas que tendrá que resolver el próximo gobierno que elegiremos en tan solo cinco días.