El término “neoliberalismo” es ampliamente utilizado en el debate político, aunque mucho menos en la academia. La razón es simple, no existen intelectuales que se llamen a sí mismos “neoliberales” y, por lo tanto, solo existe como recurso retórico para quienes lo utilizan para atacar algo que nadie defiende. En general está asociado a la crítica a los monopolios públicos que pasan a ser monopolios privados, a la corrupción generalizada, a la desprotección de los sectores más vulnerables de la sociedad y situaciones del estilo. Se han llamado “neoliberales, verbigracia, a los gobiernos de Salinas de Gortari en México, Fujimori en Perú o Collor de Mello en Brasil, administraciones claramente impopulares con el diario del lunes. Es importante destacar que estos gobiernos no son criticados solamente por la izquierda, sino también por autores liberales que defienden la necesidad fundamental de preservar el Estado de Derecho, base de toda sociedad libre. En Uruguay también se ha utilizado el término en forma panfletaria y sin ningún sustento académico, aunque en algunos casos sí por personas que trabajan en centros de estudio. A modo de ejemplo, en la Historia del Uruguay del siglo XX del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República le llaman “democracia neoliberal” al período que va de 1985 a 2005. Empleando una redacción que se asemeja más a un volante de propaganda electoral que a un manual de historia incurren en dislates como el siguiente: “En el marco de un concepto de ‘Estado mínimo’ -‘juez y gendarme’, como se lo quería en el siglo XIX- y con influencia de las ideas neoliberales, se intentó reconfigurar sus funciones en el campo económico y social. […] Así, se restó injerencia en las políticas de ‘bienestar’ y de negociación colectiva, librando sus suertes al ‘mercado’, y se persiguió desarmar el antiguo sistema de empresas públicas en beneficio de los capitales privados, con el pretexto de su inviabilidad financiera o la mala gestión”. ¿Alguien puede pensar que cuatro gobiernos electos democráticamente pueden haber seguido políticas “neoliberales” que querían beneficiar a los capitales privados en detrimento de la mayoría de la población? La respuesta, insólitamente, es que sí. Mucho más sensato a este respecto resulta lo que sostiene Lincoln Maiztegui en su obre Orientales: “Se ha repetido, desde tiendas de la izquierda marxista, casi como un axioma, que la conducción económica del país entre 1985 y 2005 fue de carácter “neoliberal”, y hasta se ha afirmado que, en esencia, se siguieron las pautas establecidas por la dictadura. Si esta última afirmación es un exabrupto sin fundamento alguno […], la primera resulta, a juicio de quien esto escribe, tan peregrina como inexacta. Sólo desde la más rotunda distorsión de la teoría económica neoliberal puede acusarse a los gobiernos presididos por Sanguinetti (1985-1990) y (1995-2000), un viejo batllista al que le resultó extraordinariamente difícil apartarse del estatismo clásico, de haberse inspirado en la misma. Y tampoco el gobierno blanco del Dr. Lacalle -de definiciones más liberales- ni la administración del Dr. Jorge Batlle se ajustan a este preconcepto.” En definitiva, la honestidad intelectual debería desterrar el uso de este malhadado término.