Atar las manos al gobierno a la hora de gastar, en corto, de eso se trata una buena regla fiscal. Mejor dicho, se trata de evitar grandes desequilibrios, lo que también podría hacerse aumentando la recaudación. Lo relevante es imponer reglas que eviten comportamientos fiscales irresponsables y procíclicos como tantas veces vimos en Uruguay. ¿Por qué es necesario reducir la discrecionalidad fiscal de los gobernantes? La lógica implícita es que, durante su mandato, los gobiernos tienen incentivos para gastar más de lo que es óptimo para el país en el largo plazo. Un gobierno se beneficia políticamente de aumentar jubilaciones e inaugurar placitas, pero no estará para pagar las consecuencias de mediano plazo de una senda fiscal insostenible. Eso irá a la cuenta de otro gobernante que aún no está electo. Con buen tino, el nuevo gobierno propone revisar la nueva institucionalidad fiscal inaugurada en 2020. Señala varias cosas que son de recibo, como debilidades que puede tener la regla aún vigente: la falta de caminos claros de retorno luego de incumplimientos o cierta complejidad excesiva. Sin embargo, de este análisis a lo que, hasta el momento, conocemos se está proponiendo, hay un gran divorcio. Los cambios que se están anunciando lejos de fortalecer la institucionalidad la debilitan. Se propone una regla fiscal que dejará las manos libres al gobierno por varios años; este gobierno propone restringir el comportamiento fiscal del próximo. Básicamente el eje de la nueva regla será un “ancla de mediano plazo” de deuda sobre PBI, que el gobierno establece en 65%, siete puntos por encima del nivel actual. Sin dudas, existe un amplio margen de discrecionalidad antes de que este “ancla” empiece a ser una restricción. Además de este “ancla de mediano plazo”, se dice que habrá “metas operacionales de corto plazo consistentes” y mejoras en la estimación del resultado fiscal estructural. Sin embargo, esos parámetros terminan siendo muy sensibles a cómo se diseñan y estiman, y no actuarán como un límite nítido. Sin dudas, el “tope de aumento de gasto” que se propone eliminar es una medida mucho más clara e incómoda para los ministros de economía. Es claro cuando se incumple. Por otro lado, la génesis del 65% como “ancla de mediano plazo para la política fiscal” es discutible. Además de ser un límite casualmente cómodo para el actual gobierno, su estimación no es inequívoca. El propio asesor del MEF Giuliano Cantisani dedicó su tesis de maestría a estudiar este tema. Él decía: “se puede concluir que un nivel de deuda bruta del Gobierno General equivalente al 59% del PIB podría funcionar como ancla de mediano plazo para la política fiscal”. Considerando que Cantisani hablaba de deuda bruta, y se propone un límite sobre la neta, son casi 10 puntos más de deuda sobre PBI de diferencia entre lo que este trabajo decía hace pocos meses y lo que hoy propone el gobierno. Simplificar y perfeccionar la regla es una buena idea del gobierno. Pero el camino no es este. Incluso durante 2024 cuando fue incumplida la regla, tuvo valor su existencia. Había una luz amarilla señalando los riesgos fiscales. Los cambios propuestos van en el sentido opuesto, es improbable que sirva como restricción ante desvíos fiscales relevantes.