Gabriel Oddone, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentará a la brevedad en el Parlamento una modificación al proyecto de ley de Presupuesto, ingresado hace apenas un mes. El principal cambio apunta a “excluir” del Impuesto Mínimo Global (IMG) a las empresas residentes en zona franca. El IMG es un gravamen del 15% que se aplica a empresas con facturación superior a 750 millones de euros anuales. Inicialmente, el gobierno había propuesto su plena aplicación en Uruguay. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos desde diversos sectores, argumentando que no existe una presión internacional inmediata: varios de los países del G20 (como EEUU, China e India) mantienen el tributo en suspenso. El ajuste anunciado implica que aquellas empresas radicadas en zonas francas uruguayas, cuyas casas matrices hoy no tributan el IMG, quedarán también exentas de hacerlo localmente. Esta decisión tiene efectos positivos. Por un lado, preserva las “reglas de juego” que han sido una de las principales fortalezas del país para atraer inversión. La ley de zonas francas exonera a las compañías allí instaladas de todo tributo existente o a crearse; imponer un impuesto nuevo habría violado esa garantía jurídica. Por otro lado, evita un impacto negativo sobre el crecimiento económico, ya de por sí bajo según el propio ministro. La evidencia económica es clara: las nuevas cargas impositivas suelen tener efectos contractivos. Dicho esto, es necesario considerar también los efectos negativos. El problema no es la exclusión en sí de las zonas francas, sino la señal que transmite el hecho de modificar un esquema tributario apenas un mes después de presentarlo. Es un mensaje que puede debilitar la credibilidad de la política económica: si el gobierno cambia el rumbo tan rápido, los agentes empiezan a preguntarse qué otras piezas pueden moverse mañana. Genera incertidumbre, la cual es adversa a la inversión (factor clave para el crecimiento). Los agentes necesitan previsibilidad para planificar sus proyectos; cuando perciben que las reglas pueden cambiar sobre la marcha, postergan decisiones o a exigen mayores retornos para cubrir el riesgo extra. Además, este tipo de giros abre la puerta a reclamos de todo tipo de sectores, no necesariamente con foco en el bienestar general y el desarrollo económico. Uno no puede dejar de preguntarse si la exclusión de las empresas de zona franca estuvo siempre prevista y simplemente no se comunicó, o si se trata de un cambio de planes. Al momento de escribir esta columna no hay respuesta clara. Si fue contemplada desde el inicio, el tema pierde dramatismo. Pero si la decisión se tomó sobre la marcha, entonces, ¿no fue contemplada en la Ley de Presupuesto? Si este fue el caso se abren un sinfín de cuestiones adicionales. El gobierno ha mencionado que los nuevos impuestos (IMG, IRPF a la apreciación de capital en el exterior e IVA a TEMU) recaudarían aproximadamente US$ 600 millones anuales, de los cuales US$ 350 millones provendrían del IMG. A su vez, fijó el objetivo de cerrar 2029 con equilibrio fiscal primario, es decir, antes del pago de intereses de deuda. Si la exclusión de las zonas francas reduce de forma importante la recaudación prevista, el gobierno tiene por delante solo un puñado de caminos, ninguno del todo cómodo. Podría resignar la meta de déficit cero: si mantiene el gasto sin los ingresos proyectados, el déficit aumentará y también lo hará la deuda. Otra posibilidad es mantener la meta fiscal ajustando el gasto, reduciendo egresos para compensar la merma de ingresos. Esta parece ser la alternativa menos probable, dada la visión favorable del gobierno con respecto al gasto. Un tercer camino sería mantener la meta pero aumentar otros impuestos. La puerta de ajustes impositivos ya se abrió. Por ende, ante modificaciones en la proyección de recaudación del IMG, se podrían implementar otros cambios tributarios para compensar. La última alternativa, es una combinación de las tres anteriores: un déficit un poco peor, con menos gasto y más impuestos. Si bien aumentar impuestos es el camino más “fácil”, resulta ser el más inconveniente. Uruguay cuenta con una carga tributaria creciente que se posiciona entre las más altas de la región; una mochila pesada que, en parte, explica nuestro bajo dinamismo en la última década. Es cierto que tanto las subas de impuestos como los recortes de gasto impactan la actividad, pero no del mismo modo ni con la misma intensidad. La evidencia muestra que los ajustes fiscales basados en recortes permanentes de gasto son considerablemente menos dañinos para el crecimiento que los apoyados en aumentos de impuestos. Por ende, aunque la exclusión de las zonas francas del pago del IMG tiene sentido y protege una de las ventajas competitivas del país, no debería subestimarse el impacto que estos cambios de rumbo generan en las expectativas de los agentes económicos. En materia fiscal, la consistencia y la previsibilidad son activos valiosos. Uruguay ya enfrenta una presión tributaria alta, una mochila pesada que limita su crecimiento. Solo resta esperar que el alivio que significa la exclusión de las zonas francas no se termine compensando con más impuestos en otros frentes.