En las últimas semanas el debate económico ha estado pautado por el proyecto de reforma de la seguridad social y una posible rebaja tributaria si la economía crece más de lo proyectado. Con estos temas, de impacto y horizonte bien diferente, se ha generado una ensalada macro y fiscal que vale la pena poner en blanco sobre negro para tener claro dónde estamos parados. El proyecto de reforma de la seguridad social presentado atiende necesidades que son reconocidas por todo el sistema político. El proyecto concreto es sumamente gradual en todo sentido y si merece alguna crítica es por estatista más que por privatizador. En todo caso es una iniciativa seria, bien fundada y en el marco de las reformas que habitualmente prosperan en nuestro país. Su impacto fiscal no es para el próximo gobierno ni para el siguiente, por lo que es un acto de responsabilidad que evitará tener que procesar una reforma menos gradual y menos inteligente en el futuro. Por otro lado, está el anuncio del gobierno de realizar alguna reducción en la carga que tienen el IRPF y el IASS el año próximo, condicionado a que el crecimiento de la economía, y por lo tanto, los ingresos del Estado, sean mayores a los previstos. Es muy probable que esto ocurra, ya que seguramente la economía uruguaya tendrá un muy buen crecimiento este año, por encima del 5%. Una crítica que ha recibido este anuncio es que podría ser fiscalmente irresponsable y lo que resulta realmente irresponsable no es el anuncio sino este tipo de críticas. Aún no sabemos en qué consistirá este cambio tributario ni la magnitud del mismo, pero claramente estará alineado con la nueva institucionalidad fiscal que tiene el país desde 2020, con una regla fiscal que se ha cumplido en los dos últimos años. Por tanto, es obvio que no será una transformación a lo Liz Truss y es absurdo plantear este escenario. Otra crítica es que volvería inconsistente la política macroeconómica, al enfrentar una política fiscal expansiva con una política monetaria contractiva. De nuevo vale lo de la magnitud mencionado anteriormente, amén de que el análisis conjunto de la política económica no muestra el desalineamiento planteado, como sí ocurrió con claridad meridiana en el pasado. El mundo vive un período excepcional, con muchos países con trayectorias fiscales insostenibles y políticas monetarias bamboleantes, lo que claramente no ha sido el caso uruguayo que afortunadamente no transitó el camino sugerido por la oposición y el FMI. Finalmente, otra crítica ha sido a cuáles son los impuestos que se reducirían, ya que algunos economistas y políticos entienden que deberían disminuirse otros tributos. Este debate, naturalmente, es válido; aquí juegan las preferencias políticas de quienes opinan, incluidos los analistas. Lo cierto es que ni los trabajadores ni los jubilados que se verían beneficiados son ricos y nuestro sistema tributario sigue basado en los impuestos indirectos a pesar de la reforma de 2007. Por tanto, desbrozando un poco el entrevero, puede apreciarse que no tiene sentido generar alarma sobre la consistencia fiscal de las medidas anunciadas. Y sobre el fondo del asunto, ciertamente es bienvenida una reducción tributaria por primera vez en años dado que nuestro país tiene la mayor presión fiscal del continente después de la dictadura comunista cubana, lo que es bastante expresivo.