En las últimas semanas hemos visto proliferar varias malas ideas que tienen un componente común la incomprensión del funcionamiento de la economía de mercado o de los incentivos con los que los seres humanos participamos en sociedad. Vamos a limitarnos a comentar sucintamente tres que han ocupado espacio en nuestro debate vernáculo. La primera fue la iniciativa de la ministra de Industria Fernanda Cardona, expresada en una carta al Congreso de Intendentes, solicitando que una cuota de las compras de portland que realizan las intendencias se realice a Ancap. La pérdida millonaria que sufre la empresa estatal en la producción de cemento portland, de acuerdo con la misiva, “debe ser abordada con preocupación de carácter nacional” y, además, “es positivo que las definiciones adoptadas por los gobiernos departamentales en materia de contratación y compras públicas converjan con los objetivos estratégicos del gobierno nacional” En otras palabras, la ministra de Industria quiere que las intendencias carguen con parte de las pérdidas de Ancap. Con la operación podría, naturalmente, mejorar el balance de Ancap, pero con nulo efecto para el contribuyente uruguayo; lo que mejora Ancap lo empeoran las intendencias y, por lo tanto, es meramente un engañapichanga. La creatividad de los gobernantes debería estar en temas más productivos, verbigracia, mirar la realidad a los ojos y terminar con la producción estatal de cemento portland. Otra mala idea que se ha discutido por estos días es la introducción de una nueva regulación sobre el mercado del libro, que establecería un precio único de venta para los libros nuevos durante un cierto período de tiempo. De acuerdo a sus impulsores, la intención es beneficiar a las librerías chicas que no pueden hacer los descuentos que realizan las más grandes o quienes venden en línea. La limitación para hacer descuentos, que podría llegar hasta el 10%, tiene un claro perjudicado, que son los consumidores. En una época en que cada vez se compran más libros en línea, en formato físico o electrónico, este tipo de regulación tendría como efecto perjudicar a quienes compren libros en librerías uruguayas; vale decir, se pretende favorecer a determinado tipo de empresas a costa de los consumidores. Los uruguayos tenemos muchas regulaciones que eliminar que perjudican a los consumidores, no agregar una más que pese sobre sus espaldas. Una tercera mala idea proviene del senador socialista Gustavo González y ha sido presentado como un proyecto de ley de toda la bancada oficialista. El proyecto plantea que la superficie mínima de un apartamento pase de 25 m² a 35 m² y exige un área de descanso o dormitorio separado por paredes. En buen romance, como a González no le gustan los monoambientes, quiere prohibirlos. Que exista la libertad de quienes prefieran vivir en un monoambiente frente a las otras alternativas de que dispongan no resulta relevante para este ejercicio de voluntarismo que va a encarecer el acceso a la vivienda tanto para la compra como para alquileres. En definitiva, las tres malas ideas comentadas tienen como denominador común la subestimación de las personas para decidir por sí mismas, la idea de que alguien sabe mejor como deberían comportarse los demás y el desprecio sobre quién debe pagar por estos ejercicios de paternalismo.