En pocos meses se va a perforar el primer pozo exploratorio en nuestra plataforma marítima. La inversión es enteramente privada y, según ANCAP, la probabilidad de éxito ronda el 25%. Pero alcanzó con la posibilidad para que se movilizara el elenco estable de los que prefieren que en Uruguay nunca pase nada. Hubo marchas, recursos judiciales y pedidos de moratoria. Lo más llamativo fue ver a la Institución Nacional de Derechos Humanos presentando un amparo para frenar la prospección sísmica. La Justicia lo rechazó, pero el episodio quedó: un organismo creado para proteger derechos de las personas frente al Estado decidió que entre sus cometidos está fijar la política energética del país. Cuesta encontrar una lectura de sus competencias que lo justifique. La pregunta de fondo merece mejor discusión. ANCAP estima que un hallazgo comercial dejaría al Estado unos 1.700 millones de dólares anuales. Aun tomando la cifra con pinzas, son alrededor de dos puntos del producto, todos los años, en un país que discute durante meses cómo conseguir unas décimas para la primera infancia. Casi uno de cada tres niños menores de seis años vive bajo la línea de pobreza. Que la renuncia a esos recursos se predique desde los barrios donde ese problema no existe tiene algo de pintoresco. Las objeciones ambientales hay que tomarlas en serio, y la respuesta son garantías y no prohibiciones. Noruega, el Reino Unido, Canadá, Australia o Brasil extraen petróleo en el mar hace mucho, con regulación exigente y sin haber arruinado su pesca ni sus costas. Uruguay es el país de mejores instituciones y menor corrupción de la región; si hay un lugar de América Latina donde esto se puede hacer bien, es acá. En cuanto al clima, lo que importa es cuánto petróleo consume el mundo y no quién lo extrae. Estados Unidos produce hoy más crudo que nunca y Noruega sigue licitando bloques. El barril que no saquemos lo sacará Guyana o Namibia, y sería curioso que el lujo de la abstención se lo diera el país pobre mientras los ricos siguen cobrando. Además, si la transición energética avanza, ese petróleo valdrá cada vez menos. De existir, hay que sacarlo mientras valga algo. Queda lo más importante, que es cómo se administra. Noruega es la guía. Desde los noventa todo el ingreso petrolero va a un fondo invertido en el exterior y el presupuesto solo puede usar su rendimiento esperado, un 3% anual. Hoy ese fondo equivale a casi cuatro veces su economía. Así se convierte un recurso que se agota en una renta permanente, y de paso se evita que una lluvia de dólares destroce la competitividad del resto de los sectores. Esa regla hay que escribirla antes del hallazgo, porque con la plata a la vista ningún gobierno va a querer atarse las manos. Bordaberry lo propuso en 2015. Pensemos lo que significaría para un país envejecido, que crece poco y donde cada vez menos trabajadores sostienen a más jubilados. Una renta estable, a salvo del gobierno de turno, podría financiar por generaciones la inversión en infancia que hoy no sabemos cómo pagar. Ojalá que haya petróleo. Y ojalá que, si aparece, nos encuentre con discusiones serias y no con romanticismos pobristas llenos de prejuicios dominando el debate.