El miércoles presentamos en el CED nuestro análisis de coyuntura con un título que resume una tesis incómoda: los límites de la estabilidad. Uruguay construyó en las últimas décadas un enorme activo. Inflación relativamente controlada, grado inversor, reglas que se respetan gobierne quien gobierne. Ese activo nos trajo hasta acá. Lo que sostenemos es que solo esto no nos llevará mucho más lejos en cuanto a nivel de desarrollo. Los datos son elocuentes. Este año vamos a crecer menos de un punto: en el CED bajamos la proyección a 0,9%. Según la CEPAL, para el bienio 2025-2026 Uruguay tiene la menor proyección de crecimiento de América del Sur después de Bolivia. Conviene detenerse en eso. Un país ordenado, sin crisis ni sobresaltos, crece menos que casi todos sus vecinos. Podría argumentarse que el contexto internacional explica buena parte de lo que nos pasa. Pero creemos que no es el caso. El escenario externo es neutro para Uruguay: no hay viento de cola como el de la década pasada, pero tampoco viento en contra. Los precios de la carne se mantuvieron en niveles históricos y los granos comenzaron a remontar. Las razones para el bajo crecimiento hay que buscarlas mucho más adentro que afuera. En concreto hoy estamos viendo un divorcio entre indicadores económicos. El consumo, el salario real y el empleo no están mal. Pero la inversión cayó a los niveles más bajos desde la pandemia, la confianza del consumidor está deprimida y las expectativas de contratación son negativas. Lo primero cuenta el presente; lo segundo nos habla de lo que se puede venir. Con una inversión tan baja no hay crecimiento sostenible, y sin eso no será posible satisfacer las expectativas sociales de bienestar material. Las razones de la inversión baja son simples, aunque difíciles de solucionar. Los costos de producir son altos, la energía es más cara que en la región, la regulación es rígida y la productividad lleva años estancada. Los salarios suben sin que la productividad acompañe, y eso erosiona la capacidad de crear empleo asalariado. Una clara muestra de esto es que el 80% de los 27 mil empleos creados en 2025 fueron cuentapropistas. En varios países de la región vemos que se toman medidas agresivas en la búsqueda de atraer más inversión. Las políticas pro crecimiento han escalado tratando de impactar en las cosas que realmente impactan en la competitividad: temas tributarios, costo de la energía y modernización laboral. El gobierno no está quieto. La ley de competitividad y las medidas de simplificación aduanera van en la dirección correcta. El problema es el orden de magnitud. El propio Ministerio estima que esas medidas ahorran unos 20 millones de dólares al año al sector privado. La brecha entre el tamaño del remedio y el tamaño del problema es enorme. La buena noticia es que Uruguay ya estuvo acá y salió airoso. Luego de la dictadura, procesamos muchas reformas difíciles que nos permitieron crecer, ser más estables y más abiertos. Hoy la renta de aquellas reformas parece agotada. Sin nuevas reformas profundas en costos, energía, regulación laboral y peso del Estado, lo que nos espera es un crecimiento muy magro, insuficiente para las expectativas de una sociedad que quiere ser desarrollada.