La Suprema Corte resolvió la semana pasada que dos familias menonitas de Florida pueden seguir educando a sus hijas fuera de la escuela. Dos familias. Un puñado de niñas que aprenden en su casa, con plataformas y con los mayores de una comunidad que vive así desde hace siglos. Uno puede pensar que esas chiquilinas estarían mejor en un aula con otros gurises, y yo mismo mando a mis hijos a la escuela por eso. Pero lo que vino después del fallo no fue una discusión sobre si el homeschooling es bueno o malo. Fue un escándalo, casi como si se hubiera abierto una grieta en los cimientos de la República. El Codicen pidió por unanimidad una reunión con el Ministerio para encontrar una “solución legal”. Senadores de distintos partidos hablaron de un fallo peligroso y de sectas. Y el consejero docente Julián Mazzoni resumió el espíritu de la reacción: “si vamos a empezar a permitir que cada cual eduque a sus hijos de acuerdo a las ideas que tiene, vamos a una sociedad que se fragmenta”. Vale la pena detenerse en esa frase, porque viene de adentro del sistema. Según el INEEd, apenas la mitad de los uruguayos de 21 a 23 años terminó la educación media. Entre los jóvenes del quintil más rico egresa el 85%; entre los del más pobre, el 25%. Cada año, decenas de miles de adolescentes abandonan el liceo o la UTU sin título, y casi todos vienen del mismo lado de la sociedad. Si hay algo que fragmenta a Uruguay es eso: una educación que separa a los que la terminan de los que no, y que reparte los dos grupos por barrio y por ingreso. En egreso de secundaria estamos en el fondo de la tabla de América Latina, en el puesto 15 entre 17 países, apenas por encima de Honduras y Haití. Por eso nadie pidió una reunión urgente. Frente a ese cuadro, la ANEP corre a las niñas que se escaparon por la ventana mientras la puerta de atrás está abierta de par en par y por ahí se van, sin que nadie litigue, unos veinte mil por año. ¿Por qué tanta energía en un caso y tan poca en el otro? Sospecho que porque el de los menonitas es un problema cómodo. Tiene expediente, tiene un culpable con nombre y apellido y una ley para citar. Se resuelve con abogados y con un proyecto parlamentario, y mientras tanto permite posar de defensor de los niños. La deserción masiva es lo contrario: no tiene culpable externo, el responsable es el propio sistema, y enfrentarla obliga a rendir cuentas por resultados. Es más fácil defender el monopolio que explicar qué se hizo con él. Hay además una ironía que señaló Ignacio de Posadas. Para negarles la elección a estos padres, el Estado tuvo que afirmar que sabe cuál es la educación adecuada a la naturaleza de un niño, y que la suya es esa. Lo dice el mismo Estado que pierde en el camino a la mitad de los adolescentes que sí le mandaron. Lo jurídico ya lo zanjó la Corte. Lo que queda es una cuestión de prioridades. Si las autoridades de la educación y los expertos que salieron a alarmarse dedicaran a los veinte mil que se van cada año la mitad del fervor que dedican a dos familias de Florida, quizás la sociedad se fragmentaría un poco menos. Pero ese problema es incómodo, no tiene expediente ni culpable, y por eso lleva décadas esperando.