Por estos días ha reflotado el debate sobre técnicos y políticos, en particular en los altos cargos de la gestión pública. Es un viejo debate y especialmente importante a la hora de evaluar el funcionamiento de las políticas públicas, por lo que vale la pena detenerse a analizar algunas puntas del tema. Los países suelen dividirse entre aquellos en que el predominio de la política deja poco espacio para la elaboración técnica de las políticas públicas y aquellos en que la tecnocracia se apodera de las decisiones dejando menos especio para la intervención política. Naturalmente, existen casos en el medio o más o menos cercanos a algunos de estos extremos. Uruguay ha sido históricamente un país dónde la política le pasa por arriba a los técnicos con todo éxito. La fortaleza de nuestro sistema político, que solemos destacar justamente como una característica positiva, tiene también el efecto de tener efectos centrífugos sobre otros ámbitos de actividad. En otras palabras, los partidos suelen absorber todo lo que tienen cerca, dejando menos espacio para ámbitos más técnicos y académicos. Asimismo, los cargos de jerarquía en la administración suelen ser ocupados por políticos y es más difícil ver técnicos destacados al frente de ministerios o empresas públicas, aunque en distintos gobiernos algunas excepciones se encuentran. Esto no necesariamente es malo. Los políticos tienen la virtud fundamental de canalizar demandas populares y por ese peso de la política, entre otras razones, es que nuestra democracia es sólida. Ahora bien, el tema es que sería deseable que existieran más cargos técnicos, no necesariamente como ejecutores de políticas públicas, pero sí participando de su diseño, implementación y evaluación. Este es el asunto fundamental; la combinación, en la medida justa de políticos que definan fines y objetivos y técnicos que piensen las mejores formas de alcanzarlos. Por cierto que el exceso de tecnocracia también es un problema. Cuándo los técnicos toman decisiones que deberían estar en manos de representantes de la población nos encontramos con proyectos faraónicos que no reclamó nadie y ausencias escandalosas en asuntos de primera importancia. En cualquier caso, es claro que Uruguay sí tiene un problema de larga data a la hora de incorporar técnicos en los más diversas áreas en los procesos de diseño de las políticas públicas. Pero quizá un ejemplo de nuestra historia reciente nos pueda iluminar el camino de lo que sería una sana cooperación entre técnicos y políticos en beneficio de toda la población. En efecto, durante la pandemia funcionó el GACH, como un grupo asesor del Poder Ejecutivo de altísimo nivel técnico y profesionales en distintas materias. Los expertos estudiaban y asesoraban y los políticos analizaban los informes y decidían teniendo en cuenta múltiples aspectos de la realidad, incluidos lo que no entraban en el radar de los técnicos pero sí de la población. La solución, por lo tanto, no pasa necesariamente por llegar al gobierno de los filósofos que tanto le gustaba a Platón, sino porque los políticos, que en última instancia son los responsables ante la ciudadanía por sus acciones, cuenten con el mejor asesoramiento técnico a la hora de adoptar decisiones complejas sobre políticas relevantes. Por este camino iríamos hacia un equilibrio más sano en esta relación que siempre ha tenido y tendrá dificultades, pero que debe ser cada vez más fluida para que las cosas funcionen bien.