Muchos nos quejamos del grado de polarización que la discusión pública en Uruguay viene alcanzando. Sin embargo, hay un tema del centro del debate nacional que viene generando consensos; sobre todo, aunque no exclusivamente, a nivel de los analistas. Llama la atención el enorme grado de coincidencia en cuáles son caminos más eficaces para abordar la problemática de los aumentos de precios de alimentos y energía. No es común ver a economistas del Pit-Cnt y de consultoras privadas con lecturas tan parecidas. Analistas de todos los pelos están básicamente alineados en este tema. Leyendo y escuchándolos uno se encontraba con críticas reiteradas a las propuestas de bajar generalizadamente el IVA y con la promoción de medidas mejor enfocadas como avanzar en la personalización del IVA o fortalecer instrumentos de transferencias ya existentes. En este sentido parece claro que las medidas anunciadas por los ministros el pasado martes van en la línea correcta, son un avance sustancial. Se trata de una canasta de medidas que se complementa con los anuncios de aumentos de sueldos y jubilaciones de hace algunas semanas. Una de las cosas más importantes de las medidas es que cada una parece atacar una faceta de la problemática no pidiéndole demasiados objetivos a un solo instrumento cosa que suele fracasar. El problema del aumento de precios relativos de los alimentos y la energía tiene al menos tres facetas que no deben confundirse y requieren abordajes distintos. Por un lado complicó mucho “la carrera” de los salarios y jubilaciones contra la inflación. Esto fue parcialmente atacado por las medidas del 19 de abril. Algo distinto es el problema que generó en los sectores populares que tienen una canasta más intensiva en alimentos y por lo tanto el aumento de precios que sufren es mayor al reflejado por el IPC. Para este tema ayer se anunciaron refuerzos en prestaciones focalizadas, medidas tendientes a reducir el IVA personalizadamente y fortalecimiento de los subsidios al supergas focalizados. Un tercer problema que se puso de manifiesto es el nivel de precios estructuralmente caro que tiene Uruguay. Esto ocurre por barreras arancelarias y no arancelarias a la importación, baja competencia en muchos mercados y problemas regulatorios. Ayer también hubo algunos anuncios tendientes a atacar esto. Queda muchísimo por hacer en este sentido, el impacto en el bienestar social de ser más baratos es enorme. La duda es si será suficiente. Estrictamente nunca lo es, pero es válido discutir cuánto más hubiera sido posible. En cualquier caso creo que es un gran avance que estemos discutiendo el grado de profundidad necesario pero acordando en una forma razonable y sólida técnicamente de abordar las dificultades. Es clave que se articulen políticamente respuestas a las demandas, eso es razonable e imprescindible en cualquier democracia. Pero cuando esas respuestas políticas renuncian a cualquier racionalidad técnica se vuelven un boomerang. No hay ningún camino razonable para el Uruguay que pase por fijar precios, congelar tarifas o brindar grandes rebajas impositivas generalizadas. Suena bien, pero nunca termina bien.