Seguir con una regulación laboral pensada para un mundo fabril nos saldrá caro. Se va un 2021 que cierra mucho mejor de lo que empezó. Luego de un primer trimestre muy duro, ante la ausencia de temporada turística, y un segundo semestre en el que conocimos la peor cara de la pandemia en términos sanitarios, podemos mirar el 2022 con más esperanza. El año cierra con varias buenas noticias, la de esta semana fue que el país salió de un lugar incómodo en el que se encontraba desde 2018: la agencia Fitch mejoró la perspectiva de la deuda uruguaya de negativa a estable. En lenguaje simple, hace 3 años que Fitch creía que el movimiento más probable de la calificación de la deuda uruguaya era una baja, es decir perder el grado inversor. Desde su llegada, el nuevo gobierno lidió con la amenaza de que esto era un riesgo real y en algún caso, perecía inminente. El segundo aniversario del nuevo gobierno básicamente coincidirá con el referéndum sobre la ley de urgente consideración que enfrentará a gobierno y oposición, una instancia que será básicamente una elección de medio mandato. Luego quedará poco más de 18 meses antes de que la discusión político electoral se coma la agenda. Es menester que el gobierno ponga el pie en el acelerador para impulsar algunas reformas claves. Ojo, varias cosas importantes pasaron hasta ahora. En estos 21 meses el gobierno logró mechar, en medio de una lucha contra la pandemia, hitos relevantes. En temas como la agenda de inserción internacional o la consolidación de una mejor institucionalidad fiscal, sin dudas hemos avanzado. Son temas en los que hasta hace poco había mucho escepticismo y hoy hay buenas expectativas. Pero otras cosas claves aún no han podido germinar. La más evidente es la reforma de la seguridad social, cuya comisión viene trabajando, pero ha dilatado sus tiempos. Sin dudas, el 2022 debe ser el año en que se procese la siempre compleja discusión y se apruebe un proyecto que alivie la carga insostenible a las generaciones más jóvenes. En la regulación del mercado laboral creo que también hay una reforma pendiente necesaria. Todos los indicadores consistententemente muestran que Uruguay tiene problemas aquí. Es sin dudas una discusión también compleja y con sensibilidades. Pero seguir haciéndonos los distraídos será mucho más costoso, necesitamos una regulación mucho más moderna. Hay modelos que contemplan las preferencias por la protección social históricas del Uruguay, pero que se adecuan mejor a un mundo del trabajo cada vez más dinámico. Seguir con una regulación laboral pensada para un mundo del trabajo fabril nos saldrá caro. El nivel de precios del Uruguay es otro gran desafío que sería bueno abordar en 2022. Más allá de los desajustes cambiarios con nuestros vecinos tenemos un problema histórico de precios. Reducir barreras no arancelarias y mejorar la competitividad en muchos mercados sería un hito relevante en la mejora del bienestar de las personas. Cinco años es un período de tiempo razonable. Este gobierno debió invertir buena parte de su capital en el abordaje de la pandemia el primer tercio del mandato. 2022 será un año clave, ojalá pueda ser el momento de priorizar reformas estructurales necesesarias. A partir de medidados de 2023, la experiencia muestra que es difícil poder desarrollar este tipo de iniciativas.