La Cámara de Representantes tiene a consideración, luego de ser aprobado por la Comisión de Equidad y Género, un proyecto llamado “ley de talles” que es la manifestación más flagrante de voluntarismo demagógico legislativo promovido con supina ignorancia de la realidad que, de aprobarse, tendrá efectos nefastos sobre la inmensa mayoría de la población. El proyecto de marras propone en su artículo 1 que “todas las industrias de la vestimenta y los establecimientos que la comercialicen, distribuyan y/o importen, así como las sucursales extranjeras, deberán contar con prendas de vestir en todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población, cualquiera sea su sexo, género y franja etaria”. ¿Cómo se logra que todos los comercios del país tengan talles que se correspondan a las características antropométricas de la población? Pues muy sencillo, lo explica el artículo 2: “El Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada 10 años un estudio antropométrico de la población con el fin de actualizar la tabla de talles.” Vale decir, todas las industrias, importadores y comercios que vendan cualquier tipo de indumentaria y calzado deberán contar con todos los talles, incluidos los que pueda llegar a demandar una sola persona, que surjan de un estudio que definirá talles de la población uruguaya que, se entiende, son distintos de los talles universales que se utilizan en el resto del mundo. Quedan prohibidos los talles únicos (art. 14) y se establecen multas y sanciones para los establecimientos que no cumplan con vender todos los talles uruguayos que establezca el estudio antropométrico (art. 6). No faltan los artículos ridículos, como el número 13 que dice que: “Todo habitante de la República tiene derecho a expresarse a través de la vestimenta.” y el número 17 que crea una multitudinaria “Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta” que tendrá como cometido promover el derecho a la vestimenta y entre sus comedios tiene la prerrogativa de crear más comisiones. Evidentemente estamos ante un proyecto promovido y redactado por personas que nunca tuvieron el peso de llevar adelante un comercio, que desconocen la realidad y están cegadas por la moda de llamar derecho a cualquier necesidad real o inventada. Desde el punto de vista legal el proyecto es groseramente inconstitucional al obligar a vender mercaderías que los comercios no quieren vender, además de contrario a todo nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, es un proyecto propio de un Estado totalitario, no de uno democrático basado en el Estado de Derecho. Desde el punto de vista económico es de imposible cumplimiento, desconoce la forma en que compran la vestimenta en el exterior los importadores que no podrán conseguir los talles “uruguayos” definidos por el legislador, aumentará los precios de la ropa especialmente para los sectores más vulnerables, obligará a cerrar a cientos de comercios (de mercerías de barrios a comercios en los shoppings) y destruirá miles de empleos. Como se puede apreciar, una pieza legislativa que solo un país con vocación suicida puede llegar a aprobar, que además no solucionará el problema que se propone eliminar.