En las últimas semanas se ha instalado el debate sobre un nuevo impuesto que se aplicaría a la población “más rica” de nuestro país, aunque la definición dista mucho de ser precisa. Lo cierto es que por un cúmulo de razones es una muy mala idea, por lo que vale la pena enumerar algunas. La primera es que no es un tema que esté en la agenda ni figure entre las preocupaciones de los uruguayos. La segunda es que la propuesta, como las últimas que surgen del Pit-Cnt, no tiene el menor fundamento ni estudio de impacto detrás. Tristemente en los últimos años el Pit-Cnt se ha vuelto una máquina de ideas populistas y demagógicas, de las que la reforma de la seguridad social solo es su ejemplo más destacado. La tercera es que el Pit-Cnt no puede plantear seriamente que le importa la primera infancia después de haber impulsado el año pasado una reforma constitucional que hubiera deparado un incremento de miles de millones de dólares de gasto público destinado a los adultos mayores que hubiera implicado, inevitablemente, un fuerte recorte en todos los demás gastos, incluido el de la primera infancia. La cuarta es que la presión fiscal en Uruguay ya es muy alta y el país no resiste más impuestos, como han afirmado con palabras muy similares nuestros últimos ministros de economía; Astori, Arbeleche y Oddone. Es un error pensar que un país se desarrolla poniendo impuestos y aumentando el gasto poniendo como ejemplo que los países más ricos tienen gastos públicos mayores en relación a su producto. La relación es la inversa, como son más ricos pueden gastar más, no se hicieron ricos aumentando el gasto público. La quinta es que para desarrollarse la agenda que necesita el país va por otro lado; necesita una mayor apertura comercial, una legislación laboral más moderna, una mejor regulación de mercados que favorezca la competencia y un Estado más ágil. La sexta, no es cierto que se necesite este impuesto para invertir más en primera infancia, simplemente alcanza con redistribuir mejor los 22.000 millones de dólares de gasto público que tenemos. El objetivo de invertir más en primera infancia es loable pero no requiere subir impuestos. La séptima es una incomprensión de como funciona la economía. Los “ricos” no tienen su patrimonio en una bóveda como McPato de la que pueden sacarse monedas sin que siquiera se den cuenta, lo tienen en acciones, edificios, maquinaria, etc. Un impuesto conllevaría la venta de activos para pagar el impuesto afectando seriamente a una multitud de empresas. La octava es que ningún país se enriqueció poniendo impuestos que desalientan la actividad y la pobreza se combate esencialmente con crecimiento económico como demuestra fehacientemente la evidencia histórica. La novena es que la reducción de la desigualdad en sí no es un objetivo suficiente en sí mismo. Los países donde hay más ricos también son los que tienen menos pobres y es mucho más relevante para las personas que exista una verdadera movilidad social que cuál es el índice de Gini. La décima es que Yamandú Orsi se comprometió en campaña a que no iba a poner más impuestos, desdecirse afectaría seriamente su credibilidad, por lo que es deseable que mantenga la posición que ha manifestado hasta este momento.