Es incuestionable que vivimos en un mundo mucho más incierto del que teníamos hace unos años, en el que la inestabilidad viene dada por la escasa previsibilidad de las propias políticas de las principales potencias y en las que las consecuencias para países como el nuestro son difíciles de manejar. Ahora bien, ante este escenario ¿cuánto cambia cuáles deberían ser nuestras propias políticas en el margen en que las podemos desarrollar? Uruguay tiene una tasa de crecimiento potencial de largo plazo relativamente baja, de algo más del 2% de acuerdo, verbigracia, al Comité de Expertos que informa al Ministerio de Economía para la aplicación de la regla fiscal. Con ese crecimiento, que en tiempos recientes ha sido incluso menor, nuestro país no podrá responder a las expectativas de bienestar de nuestra población, sencillamente porque no habrá recursos suficientes. Es una gran falacia que la redistribución pueda tener efectos significativos e, incluso, en el mediano y largo plazo forzar una mayor redistribución con mayores impuestos sólo agravaría el problema, disminuyendo aún más la tasa de crecimiento. Ni siquiera es claro que con mayores impuestos se aumentaría la recaudación, como demuestra el reciente ejemplo británico, en que un incremento en el impuesto a las ganancias del capital llevó el año pasado a una disminución de la recaudación del 18%. Por tanto, sólo mediante un proceso genuino de crecimiento económico se desata un proceso virtuoso que permite la salida de la pobreza de una sociedad en su conjunto. La llamada “teoría del derrame” es un absurdo inventado por los enemigos de la economía de mercado, que no describe desde ningún punto de vista el funcionamiento en la realidad, en que los ingresos de distribuyen a medida que se desarrolla el mismo proceso. Por tanto, aún en este mundo incierto el foco del Uruguay debe ser cómo crecer más y para eso no hay balas de plata, pero sí una serie de políticas que pueden tener un impacto real. La apertura de la economía en cuanto depende de nosotros, especialmente eliminando tasas, reduciendo aranceles y facilitando importaciones son aspectos centrales para reducir el costo de vida para las personas y de operar para las empresas. Mejorar una regulación laboral vetusta, que no responde a la realidad de los trabajadores ni de las empresas, especialmente dadas las pautas dadas por el gobierno para los consejos de salarios que claramente no son proempleo. Un Estado más eficiente que redunde en un menor costo en tiempo y dinero para las personas, con una carga menor sobre la sociedad también es necesario. El avance científico de los últimos años permite automatizar muchas funciones, así como mejorar los controles de forma que una reducción de funcionarios en la administración del Estado es factible y plausible. Una mejor regulación a nivel microeconómico en distintos mercados que hoy tienen bajos niveles de competencia también redundaría en una mejora de la competitividad de la economía. Si a eso le sumamos una mejora sensible en aspectos extraeconómicos como los indicadores educativos nos estaremos acercando mucho más a una tasa de crecimiento como la que necesitamos. Todo lo anterior depende de nosotros y el contexto internacional convulso no cambia su necesidad imperiosa.