Ayer el diario El País organizó un panel para discutir una pregunta que los uruguayos nos hacemos hace tiempo: ¿puede ser más barato Uruguay? Tuve el gusto de participar junto a Christopher Jones, Isabelle Chaquiriand y Juan Labraga, con la moderación de Martín Aguirre. Más allá de lo que cada uno aportó al debate, vale celebrar que el diario impulse este tipo de instancias: pocas discusiones son tan relevantes para el futuro del país como entender por qué vivir y producir acá cuesta lo que cuesta. El problema tiene dos planos que conviene separar. El primero es por qué Uruguay es caro para sus consumidores, para vivir. Ahí pesan las barreras a la entrada de nuevos jugadores en muchos mercados, los problemas de competencia y los registros y trámites que encarecen todo lo que llega a la góndola. Jones lo explicó muy bien ayer y es indudable que ahí hay una agenda pendiente, que la ley de competitividad presentada por el Ministerio de Economía aborda solo en parte: es un primer paso en la dirección correcta, pero queda mucho para hacer y haría falta bastante más ambición. El segundo plano es por qué Uruguay es caro para invertir, y ahí casi todo está en la cancha del gobierno, porque es la propia actividad del Estado la que nos encarece. El gasto público lo hace por partida doble: aumenta la presión fiscal sobre quienes producen y, al mismo tiempo, aprecia el tipo de cambio; somos caros en dólares, en buena medida, porque el dólar es barato en Uruguay. A eso se suma la regulación de los mercados de energía, tanto en combustibles como en electricidad. Son regulaciones puramente públicas, diseñadas por el propio Estado, con empresas estatales que abusan de su posición dominante en lugar de promover la competencia, y que terminan trasladando sus ineficiencias a los costos de todo el aparato productivo. Y está también la regulación del mercado laboral que señaló Chaquiriand: tal como está planteada, es una barrera para tener una economía más dinámica y competitiva. Es verdad, como suele recordar el ministro de Economía, que los países chicos tienden a ser caros: escala reducida, mercados concentrados, costos fijos que se reparten entre pocos. Pero para eso existe un antídoto bien conocido que se llama apertura. Justamente porque somos chicos tenemos que ser mucho más abiertos que el resto: cuanto menor es el mercado interno, más alto es el precio que se paga por ser proteccionista. La condición de país pequeño no es una excusa para resignarse, es la razón principal para abrirse. Queda, al cabo, el problema de fondo, que es de economía política. Mucha gente comparte esta agenda en abstracto, pero nadie quiere que empiece por su sector, su empresa, su cámara o su sindicato. Por eso la única manera de avanzar es encararla de forma general y simultánea, abarcando al mismo tiempo todos los sectores que se pueda, para que nadie se la tome como algo personal ni se sienta elegido como chivo expiatorio. Uruguay necesita abordar esta agenda con urgencia y con potencia, no con gestos aislados ni retoques menores. Encuentros como el de ayer ayudan a que el tema madure y gane lugar en la conversación pública; el paso siguiente, como casi siempre, le toca a la política.